Como hemos visto, las reformas en materia de financiamiento a partidos políticos han buscado esquemas eficaces para la distribución de recursos públicos a estas entidades públicas. Con cada reforma se han sofisticado las leyes en esta materia y también ha sido constante el aumento del financiamiento público para garantizar recursos suficientes a los partidos políticos.
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Héctor Díaz apunta que el sistema electoral de México se caracteriza por tener uno de los mecanismos de financiamiento público de partidos políticos más oneroso del mundo. Los partidos políticos recibieron por financiación federal de 1989 a 2020, 83,664 millones de pesos y los partidos políticos a pesar de disponer de fondos públicos cuantiosos, no han evitado escándalos de corrupción por financiamiento irregular.
Este mismo autor señala que la sociedad debe estar consciente de que la política cuesta dinero y que es mejor invertir desde el Estado, donde se les condicionará a la fiscalización y la transparencia, en lugar de que sean los inversores privados los que financien a los partidos, quienes buscarán que su inversión responda a sus intereses.
Es por ello por lo que se ha considerado en distintos momentos realizar otras reformas en materia de financiamiento a los partidos políticos en nuestro país. Expertos como Jaime Cárdenas, Héctor Díaz y Jorge Flores han señalado que sería necesario derogar el financiamiento privado a partidos políticos o reducir el financiamiento público de los partidos políticos debido a que es un financiamiento que hace dependientes a los electos de los poderes económicos y mediáticos y porque es un mecanismo que promueve la corrupción política.
De acuerdo con Cárdenas, el criterio para determinar el financiamiento público de los partidos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias no debe ser la multiplicación del número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y propone otros criterios como:
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Por votos efectivos
a) Calcular el financiamiento público de acuerdo con el número total de los votos efectivos que obtuvo cada partido en la pasada elección, es decir, descontando los votos nulos.
Reducir el porcentaje
b) Reducir a la mitad el porcentaje de sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Héctor Díaz señala que el debate actual se inclina a reducir de manera enérgica el financiamiento público, ya que se considera que éste sea excesivo, con una rentabilidad democrática deficitaria.
Por su parte, Jorge Flores señala que la reducción del financiamiento público de los partidos políticos en México fue inicialmente una demanda ciudadana impulsada desde 2012 por organizaciones sociales aglutinadas en la “Primera Cumbre Ciudadana”, que presentaron esta propuesta a los candidatos y partidos contendientes en las elecciones federales y en 2017 fue una demanda ciudadana que surgió de la emergencia derivada de los sismos de ese año.
En todo caso, expertos apuntan a que la reducción en materia de financiamiento público es un asunto político y no técnico, ya que todas las reformas en esta materia se han realizado por la vía del consenso.
Ya desde 1993 Ramón Cotarelo señaló que en la relación partidos políticos-democracia subyace una paradoja consistente en que a pesar de que no está en duda la necesidad de financiamiento público a los partidos políticos, los partidos parecen haber alcanzado el punto más bajo en las escalas de apreciación ciudadana y de prestigio entre las instituciones.
De acuerdo con este autor, esto se debe a tres causas:
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Que las funciones desarrolladas por los partidos, tales como la socialización de valores cívicos para la vida democrática, son realizadas en mejor forma por otros entes como los medios de comunicación;
Que la misma financiación pública provoca un paradójico efecto desmovilizador y
La corrupción política que genera una desconfianza ciudadana y su coincidencia con el fenómeno “fin de las ideologías” llamado así por algunos pensadores en el que afirman que las convicciones colectivas se encuentran en crisis y que con la caída del bloque comunista obligó a los partidos a coincidir programáticamente respecto de las reglas del juego democrático, de tal manera que los partidos políticos, sean de derecha o izquierda, tienen “curiosamente” programas y objetivos semejantes.
Por lo que hace al financiamiento de partidos, este autor señala que se deben considerar los siguientes elementos:
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El de los controles que deben ser eficaces y obligar de manera efectiva a rendir cuentas (ingresos y gastos) y el de los órganos de control, como el de los órganos fiscalizadores.
En el artículo titulado “¿Por qué es inviable el financiamiento público a los partidos políticos para limpiar la política del dinero ilegal?”, Tania Martínez, Samuel Schmidt y Nicolás Jiménez examinan cómo el modelo de financiamiento a los partidos políticos, pensado para que el subsidio estatal blinde al sistema político de los grandes intereses, ha sido incapaz de asegurar una limpieza razonable en las elecciones que permita equidad y participación libre y autónoma y cómo el financiamiento ilegal ha obstruido la libertad y la autonomía para votar, impactando los resultados de los comicios electorales.
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Como ejemplo, presentan el caso del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, que compró su candidatura a integrantes de la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática en intercambio por haber financiado las campañas, del exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre y del exedil de Iguala, Lázaro Mazón, para gobernador de la entidad y presidente municipal, respectivamente.
A través de la recopilación de datos hemerográficos, los autores recuperan una nota del diario El Financiero del 20 de enero de 2015 en la que se publicó un artículo de Alejandro Sánchez titulado “Abarca pagó 2 mdp por su candidatura” y en la que se lee que para ningún perredista en Iguala era un secreto que Abarca había comprado su candidatura.
Este ejemplo, entre otros desafortunados de la clase política en el que prevalecen prácticas arcaicas de control político y defraudación, pone de manifiesto los enormes retos que enfrenta el INE en materia de fiscalización del financiamiento público a partidos, pero también muestra cómo determinados agentes deciden sistemáticamente operar fuera del marco de la ley en beneficio propio.
Es por ello tan importante que como integrante del Servicio Profesional conozcas a detalle y domines el marco normativo en materia de financiamiento que se revisará a detalle a continuación.
Fortalece tu competencia
Llegar hasta aquí refleja tu interés por comprender a fondo los tipos de financiamiento de los partidos políticos. El siguiente paso es transferir ese conocimiento a tu función en la DEPPP. Con ese propósito, te invito a realizar el siguiente ejercicio.
Pregunta Respuesta ¿Cuál es el origen del problema identificado (financiamiento público, privado o mixto) y qué causas lo generaron? ¿Qué efectos institucionales o sociales se derivan de este problema, considerando las críticas revisadas al financiamiento público? ¿Qué retos para la equidad en la distribución de recursos públicos identificas en ese caso? ¿Qué acción emprenderías, desde el ámbito de tu competencia, para atender esta situación, de acuerdo con las causas de origen identificadas? Pulsa en descargar plantilla
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