A.1. Reformas electorales en materia de financiamiento a partidos políticos
Como hemos visto, el financiamiento a partidos políticos no siempre se ha constituido de la misma forma y ha
evolucionado a lo largo del tiempo. En su fórmula de cálculo actual, el financiamiento público es consecuencia de
diversas reformas electorales que se dieron en la segunda mitad del siglo XX como respuesta a demandas sociales
que exigían un sistema político auténticamente democrático.
El financiamiento público para los partidos públicos en México fue un factor decisivo para la transición
democrática porque otorgó las bases para la equidad en las contiendas electorales y contribuyó a la alternancia
política.
Origen del
financiamiento público
para los partidos
políticos
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De acuerdo con Jesús López y Javier López
las elecciones que se fueron realizando
en México fueron generando desconfianza en la sociedad hacia el sistema de partidos que
tradicionalmente había
favorecido el denominado “partido oficial”, es decir el Partido Revolucionario Institucional.
Pues las condiciones de equidad y equilibrio estaban ausentes, propiciando manifestaciones
de inconformidad y cuestionamientos desde la oposición hacia el gobierno por sus
preferencias, en sentido del apoyo irrestricto al partido que había institucionalizado la
revolución, es decir, el PRI, mismo que normalmente marcaba las pautas para diseñar las
reformas graduales y controladas en la legislación electoral.
López y López
explican que, por ello, el sistema político mexicano requería para su refuncionalización, crear e introducir
nuevos mecanismos en las leyes para que el sistema de partidos aparentara condiciones más democráticas en las
contiendas electorales, así como interactuar con nuevos actores políticos que, como los partidos de oposición,
fueran capaces de mantenerse y confeccionar sus propias formas de hacer política:
…era muy importante para el sistema político dotar de algunos elementos a los partidos
opositores para que tuvieran determinada fuerza para sobrevivir sin poner en peligro la
hegemonía del partido en el poder y al mismo tiempo, que los partidos opositores no fueran lo
suficientemente débiles como para desaparecer.
En este marco fue que comenzó a gestarse el financiamiento público a partidos políticos, ya que, en la
competencia electoral, las condiciones de los partidos políticos resultaban tan asimétricas que erosionaban
cualquier principio equilibrante, en cuanto a la regulación de las finanzas de los partidos.
Primeras reformas en materia de
financiamiento
a los partidos políticos
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Fue la reforma constitucional de 1962 y legal de 1963, durante el gobierno de Adolfo
López
Mateos, que creó la primera normatividad en materia de prerrogativas estatales,
consistente
en la exención de impuestos relacionados con los ingresos privados de los partidos
Derivado de los hechos represivos de 1968 y la creciente inestabilidad económica, el
modelo
de partido hegemónico comenzó a entrar en crisis. Ante una mayor falta de legitimidad
y mayor
descontento social, empezó a desarrollarse gradual y progresivamente para 1973 el
financiamiento público con la siguiente reforma, quedando plasmada en la Ley Federal
Electoral del mismo año dos derechos a los partidos políticos: las franquicias
telegráficas y
postales y el acceso gratuito de los partidos a los medios de comunicación masiva,
radio y
televisión.
Tanto las reformas de 1963 como la de 1973 crearon disposiciones asociadas al financiamiento público
indirecto, es decir, solo se contemplaron prerrogativas para los partidos políticos.
Fue hasta 1977 que inicia, de acuerdo con Díaz,
el proceso de apertura del régimen hegemónico al incorporar un postulado para que los partidos cuenten con
elementos mínimos para las contiendas electorales.
Ese año se dio una reforma política que inauguró formalmente el financiamiento público directo
a partidos políticos, al contemplar en el artículo 41 constitucional lo siguiente: “En los
procesos electorales, los partidos políticos deberán contar, en forma equitativa con un mínimo
de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular”.
Sin embargo, esta situación provocó que el Estado otorgara recursos económicos a los
partidos políticos de una manera discrecional, ya que no se establecieron montos mínimos ni
máximos de financiamiento. Esta reforma también otorgó estatus constitucional al uso
permanente de los medios de comunicación social por parte de los partidos políticos.
Durante la vigencia de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), se
establecía como requisito que para la obtención del financiamiento público (indirecto), los partidos tuvieran
una determinada fuerza electoral y contaran con un registro legal condicionado o definitivo para acceder a un
mínimo de elementos que dicha ley les garantizaba para realizar sus actividades encaminadas a la obtención del
sufragio popular.
Crecimiento en su pluralidad y diversidad
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Durante los siguientes años la vida electoral y partidista en México siguió manifestando tensiones y conflictos
como se vio en la elección presidencial de 1988, donde las acusaciones de fraude del ganador Carlos Salinas de
Gortari sobre Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, implicaron la necesidad de subsanar urgentemente la
institucionalidad y normativa electoral, de nuevo fuertemente cuestionada.
La reforma electoral de 1989-1990: un parteaguas
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Bernal
subraya que la reforma electoral de 1993 fue muy importante en materia de financiamiento a partidos políticos
ya que se introdujeron varias reglas a las que debe sujetarse dicho financiamiento:
reglas a las que debe sujetarse dicho financiamiento
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En 1994 un clima de crisis política cimbró al país por diversos acontecimientos, entre los que destaca:
Crisis política de 1994
Lee con atención la información de la siguiente infografía.
Cúmulos de denuncias y negociaciones, impulsadas por la distancia que el sucesor presidencial, Ernesto Zedillo,
buscaba generar con respecto a su propio partido, impulsaron a una negociación para cambiar la fórmula de modo
que se resolvieran las disputas de una vez por todas.
Reforma electoral de 1996
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Al tiempo que fue evidente el declive en la preferencia electoral del antaño partido de Estado. Esto no podría
ser explicado sin las mejoras en el financiamiento público, de modo que posibilitaron el cambio en la elección
presidencial del año 2000, donde por primera vez fue posible la alternancia partidista en el cargo de
Presidente de la República.
México inició el Siglo XXI con un nuevo auge en la democratización y la efectiva competencia partidista, con la
llegada de Vicente Fox Quesada a la presidencia, al ser candidato del antaño eterno partido opositor, el PAN.
Pero ello no implicó el fin de las disputas y demandas en torno al financiamiento directo de los partidos
políticos, pues todavía ellas derivaron en ulteriores reformas electorales en los años 2007 y 2014.
Paradigma basado en el producto
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En el siguiente sexenio se impulsó la reforma electoral de 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Reforma electoral de 2014
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En el modelo de financiamiento derivado de estas reformas, se aprobó que el Gobierno Federal destine recursos
públicos para:
Destino de los recursos públicos
Lee con atención el siguiente esquema.
Con estas reformas se mantuvo el criterio de proporcionalidad y de fuerza electoral, para las actividades
ordinarias entre los partidos políticos 30% de manera igualitaria o proporcional y 70% en función de la fuerza
electoral, es decir, del número de votos válidos que obtenga cada partido.
Reyes
que las reformas de 2007 y 2014, introdujeron y mantuvieron
respectivamente, un cambio sustancial, al establecer que:
Primera y segunda hipótesis
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Jorge Manríquez y Rocío Hernández
señalan que la reforma electoral de 2014 trajo
consigo un aumento considerable de los recursos del financiamiento público ordinario que reciben los partidos
políticos, al establecer una fórmula única para la asignación de dichos recursos en los ámbitos federal y
estatal.
Finalmente, de acuerdo con Jorge Flores en 2022 se aprobó una reforma que permite a los partidos reintegrar de
forma inmediata a la Tesorería de la Federación los recursos de origen público que ya hubieran recibido, en caso
de alguna emergencia nacional.
Como podemos apreciar de este recorrido histórico en materia de financiamiento a partidos,
los criterios políticos y los mecanismos jurídicos en nuestra democracia han experimentado
variaciones a través de diversas reformas electorales en 1977, 1987, 1990, 1993, 1994, 1996,
2007, 2014 y 2022.
En conjunto, estas reformas han buscado un financiamiento que permita:
Una competitividad entre los partidos, así como una distribución equitativa de
recursos, de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos por partido, así como un mejor
control de recursos.
La reforma de 2007 y 2014 estableció la fórmula actual en el que el financiamiento
público se calcula multiplicando el padrón electoral por el 65% de la Unidad de Medida
y Actualización (UMA), distribuyéndose un 30% igualitario y un 70% según el porcentaje
de votos.
Para concluir este apartado, mencionamos que el pasado 28 de abril del 2022, el expresidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma
político-electoral, que tiene por objeto:
Adecuar al sistema electoral mexicano a las transformaciones políticas que ha vivido México en los últimos
años.
iniciativa de reforma político-electoral del 2022
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Esta iniciativa, conformada por diez puntos, propuso reformar dieciocho artículos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo el artículo 41. Precisamente el punto diez consiste en:
Limitar el financiamiento [público] de los partidos políticos solamente para gastos de campaña
electoral y suprimir el llamado financiamiento ordinario que se les entrega mensualmente cada
año; al mismo tiempo, regular las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales
recursos por parte de estos.
Esto significa que, en el marco de la política de austeridad republicana vigente en México,
la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal propone reformar el
artículo 41 Constitucional, en materia de financiamiento público de los partidos políticos,
para reducir los gastos anuales que el Gobierno Federal realiza a favor de estas entidades de
interés público.
Como podemos constatar, el financiamiento es un tema disputado porque se encuentran en un mismo plano
discusiones técnicas, financieras y políticas.
A continuación, se presenta una tabla que sistematiza los diferentes tipos de financiamiento a partidos
políticos revisados hasta ahora.
Fuentes del financiamiento en México para los partidos políticos
Lee con atención la información del siguiente cuadro.
