La desinformación y la polarización social se han convertido en factores de riesgo transversales que impactan de manera significativa los procesos electorales en las democracias contemporáneas. Estos elementos no solo complican la organización y ejecución técnica de los comicios, sino que amenazan la integridad electoral y la estabilidad democrática en sí misma, volviéndose desafíos emergentes que requieren marcos legales e institucionales adecuados para ser abordados.
Las elecciones dependen intrínsecamente de la credibilidad y la confianza ciudadana en sus procedimientos y resultados. Sin embargo, la propagación deliberada de información falsa o engañosa, también llamada desinformación o fake news, así como la división profunda y hostil de la sociedad en torno a líneas políticas o sociales, conocida como polarización, socavan activamente esta base de confianza.
La eficacia de la desinformación radica en mecanismos cognitivos profundos, por ejemplo, el sesgo de confirmación en el cual aceptamos solo información que coincide con creencias previas, heurística de disponibilidad, en donde sobrevaloramos datos emocionalmente impactantes y, finalmente, la disonancia cognitiva, en donde rechazamos evidencias que desafían nuestra identidad política. Estos procesos explican por qué correcciones factuales suelen ser insuficientes para revertir narrativas falsas en contextos polarizados.
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Los "contenidos y comportamientos problemáticos en línea y fuera de línea", así como la "presencia de actores problemáticos en línea", son reconocidos como factores de riesgo específicos que exacerban estos problemas. Las plataformas digitales, si bien facilitan la comunicación, también pueden ser usadas para la "interferencia malintencionada" y la propagación de desinformación a gran escala. La lucha contra rumores o falsas percepciones es una "política clave" para prevenir que crezcan y se conviertan en "verdades" para la población, ya que muchos conflictos se generan o agudizan no necesariamente sobre hechos confirmados, sino sobre percepciones (reales o falsas). Despejar cualquier duda, rumor o incluso situaciones reales, informando sobre los hechos y las medidas adoptadas, es fundamental.
Un caso de estudio relevante que ilustra el impacto del discurso conflictivo y la polarización es el análisis de la reacción de los votantes a las acusaciones de fraude. México, con una historia de elecciones contenciosas y escándalos electorales, ofrece un contexto donde las acusaciones de fraude pueden ser instrumentalizadas y resonar de manera diferente en distintos segmentos del electorado.
La literatura sobre este caso señala que las elecciones son inherentemente conflictivas y que las acusaciones de fraude son un tipo de discurso conflictivo que se utiliza para cuestionar la legitimidad de los resultados cuando los perdedores creen que no se siguieron los procedimientos o no se aplicaron las reglas correctamente. Este discurso busca estratégicamente "encuadrar" (framing) el evento electoral, resaltando los fallos percibidos para dañar la reputación de los oponentes o justificar la derrota.
El estudio de Vázquez del Mercado confirma la ley de polarización movilizante, en donde las acusaciones de fraude no buscan convencer al centro moderado (que las castiga), sino activar a la base radicalizada (que las premia). Esto genera un cálculo perverso, ya que mientras mayor sea la polarización afectiva, más rentable electoralmente será el discurso contencioso para núcleos duros, aunque dañe la democracia.
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Las herramientas de gestión de riesgos electorales y los protocolos institucionales buscan abordar estos desafíos, aunque a veces de manera indirecta, a través de la identificación de factores de riesgo y la implementación de estrategias de comunicación y coordinación. Reconocen que los "problemas sociales" y las "situaciones de tensión o conflicto entre distintos grupos sociales" son fuentes potenciales de riesgo electoral.
La metodología para elaborar mapas de riesgo, implica identificar y clasificar las áreas geográficas o las situaciones según su nivel de impacto potencial y probabilidad de ocurrencia.
El Protocolo del INE clasifica las problemáticas en niveles:
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Para abordar la desinformación y sus efectos, es crucial una estrategia de información y comunicación. Esto implica no solo conocer las expectativas y necesidades de los actores, sino también fortalecer los canales de comunicación formal e informal, priorizar la transparencia en la gestión, promover el intercambio de información entre entidades públicas, y tener voceros claros. La comunicación en situaciones de crisis es particularmente sensible y requiere un manejo cuidadoso para evitar agudizar el conflicto.
La evaluación de riesgos electorales debe ser un ejercicio inclusivo que incorpore las perspectivas de múltiples actores, incluyendo la sociedad civil y los medios de comunicación. Al comunicar los hallazgos de una evaluación, es crucial ser objetivo, enfatizar los riesgos clave, los grupos afectados y los posibles desencadenantes, adaptando el mensaje a las diferentes audiencias y manteniendo un tono neutral para evitar escalar las tensiones.
Pensar en preguntas ayuda a guiar el estudio de la violencia política y electoral, intrínsecamente ligada a la polarización y desinformación en ciertos contextos, incluyen:
Para evaluar el riesgo asociado a la desinformación y polarización, herramientas como la Guía de IDEA proponen cuestionarios que preguntan, por ejemplo:
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La respuesta a estas preguntas, combinada con la identificación de problemáticas y la clasificación de riesgos, permite diseñar estrategias de prevención y respuesta.
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